La Universidad de Guadalajara (UdeG) tuvo una derrota más en su lucha legal para que el Gobierno de Jalisco les retorne 140 millones de pesos que en 2021 fueron reasignados del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil del Oriente.
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Además de una controversia constitucional que la Suprema Corte desechó en febrero del año pasado, la casa de estudios tramitó también un juicio de amparo que falta por llegar a sentencia. Sin embargo, en este juicio, el Juzgado de Distrito que llevaba el caso les negó la suspensión definitiva a las autoridades universitarias.
Dicha suspensión era importante para la casa de estudios, pues la UdeG pretendía que mientras el juicio llegaba a su final, es decir, a la sentencia, los 140 millones de pesos no se quedaran “congelados”, sino que le fueran regresados a la casa de estudios.
El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva, por lo que el dinero se quedó con el Gobierno de Jalisco.
La inconformidad por esta decisión del Juzgado de Distrito llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros de nuevo fallaron contra la UdeG, es decir, dejaron en firme la negativa y los argumentos que dio el juzgado de distrito. En otras palabras, el dinero se queda “congelado” y la Universidad de Guadalajara no puede hacer uso de él.
La resolución tomada el día de hoy por la su Segunda Sala no resuelve de fondo el juicio de amparo que también tiene la UdeG, por lo que aún le quedan esperanzas a la casa de estudios cuando se dicte la sentencia definitiva.
La controversia constitucional
El tema de los 140 millones de pesos fue uno de los causantes del divorcio entre la Universidad de Guadalajara con el Gobierno de Jalisco, pues mientras el Ejecutivo afirmó que reasignar el recurso era una medida era prioritaria para atender la pandemia del Covid-19, al destinar el dinero al Hospital Civil de Oriente, la Universidad de Guadalajara firmó que al meter mano al presupuesto de la casa de estudios violaba el principio constitucional de autonomía universitaria.
Bajo este argumento de la autonomía universitaria fue que la UdeG presentó una controversia constitucional para que ministros decidieran si fue irregular la reasignación presupuestal. En febrero de 2022 dicha controversia fue desechada por la Primera Sala de la SCJN porque se argumentó que si bien la universidad tiene autonomía, no es un órgano público autónomo como marca la ley y por lo tanto, la UdeG nunca estuvo facultada para presentar este tipo de recurso ante la Corte.
