Con el objetivo de frenar la participación de grupos criminales en el proceso electoral, este jueves se presentó la Estrategia de Protección en Contexto Electoral» de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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La secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez expuso que «es necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno«, para prevenir y sancionar la violencia política, así como para proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco.
«No solamente los candidatos a presidentes municipales son los más vulnerables a la delincuencia organizada. También las policías municipales son altamente vulnerables a las actividades de la delincuencia organizada. Ahí hay un actor clave que ha sido abandonado absolutamente por la estrategia. Y no es solamente este gobierno, sino que es algo que traemos arrastrando por décadas». -Ángel Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de la división de seguridad e inteligencia de Strategic Affairs
“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó el partido de la delincuencia organizada’; y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, explicó Rosa Icela Rodríguez, ya que hubo regiones del país donde los grupos delictivos decidían a candidatos en busca de mantener el control mediante campañas de miedo.
La titular de la SSPC señaló que en la estrategia para el actual proceso electoral participan la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería Jurídica (CJ), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El objetivo será establecer una mesa de trabajo y tomar las previsiones necesarias.
¿Por qué es importante esta estrategia en el proceso electoral actual?
El próximo 6 de junio en México habrá comicios para elegir 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; más de mil 900 presidencias municipales; mil 63 posiciones en congresos locales y más de 17 mil espacios entre regidurías, sindicaturas y concejales. En suma, más de 21 mil cargos.
En tanto, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país. El diagnóstico actual indica que más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Por otra parte, según la SSPC, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.
Los ocho pasos de la estrategia de seguridad para proteger a candidatos
La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional resumió la estrategia en ocho acciones específicas:
- Hacer un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.
- Establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
- Consultar a los gobernadores la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
- Reforzar la Estrategia de Seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.
- Atender a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
- Coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales.
- Establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.
- Evaluar de manera semanal el avance de la estrategia y presentar un informe en el Gabinete de Seguridad Nacional.
3 preguntas con:
Ángel Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de la división de seguridad e inteligencia de Strategic Affairs
¿Cuál es el estado de la violencia política en nuestro país?
Como se ha señalado, los candidatos a presidencias municipales son quienes han vivido la mayor cantidad de violencia en términos de amenaza, agresiones y homicidios en los últimos tres periodos electorales. Particularmente 2018 fue uno de los años en donde se empezó a registrar y a documentar este tipo de violencia que se le ha denominado violencia política.
Tiene como principal características los intereses políticos de por medio. Entonces. Si ha habido un incremento en los últimos 4 años respecto a este tema, en función de lo que se ha documentado. Y en este sentido es vale decir que no se había registrado -hasta el momento- ninguna acción gubernamental que buscara garantizar la protección de presidentes o de candidatos a diferentes puestos de elección a nivel municipal o estatal.
Sin embargo, me parece que este plan, tal como se ha anunciado, no toma en cuenta que también a nivel municipal particularmente se dan contextos de relaciones de poder entre actores políticos y criminales, particularmente, que evidentemente está más allá de identificar a buenos y malos. Me parece que el enfoque de este plan, como se ha presentado, parte de manera ingenua en identificar que los candidatos y candidatas municipales son personas que hay que proteger porque están siendo amenazados, o están en mayor riesgo por la delincuencia organizada principalmente. Es decir, una visión muy maniquea de buenos y malos, cuando en realidad estos contextos municipales son mucho más complejos.
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Existe un entramado de intereses y de relaciones en las que es muy difícil establecer distinciones tan tajantes. Es imposible, de hecho, establecer este tipo de distinciones. Si no se toma en cuenta este contexto (en donde hay un involucramiento entre diversos actores políticos y criminales), puede suceder que este plan termine protegiendo a candidatos que ya han estado coludidos con intereses de grupos criminales locales o regionales que incluso podrían estar formando parte de estos grupos criminales y entonces sería totalmente contraproducente.
¿El plan propuesto sirve para resolver los problemas que existen?
Pues mira, creo que tienen que plantearse verdaderamente una estrategia en la que el tema más importante es el de la inteligencia. Tendrían que utilizar los recursos del Estado mexicano en materia de inteligencia financiera. Tienen hoy una unidad de inteligencia financiera que ha demostrado capacidad, con muchos límites en términos de la extensión de temas y de investigaciones. Es una unidad pequeña y Santiago Nieto ha hecho un esfuerzo importante, pero que sin duda alguna, ante un proceso electoral donde se perfilan alrededor de 21 mil puestos de elección a disputarse en el siguiente mes de junio, pues es un escenario no sólo complejo, sino además muy grande.
Tendrían que utilizar recursos de inteligencia financiera por lo menos focalizados, para poder detectar en qué momento algunos candidatos o candidatos o partidos políticos, a nivel municipal y estatal, tienen financiamiento por lo menos ilícito o por lo menos de dudosa procedencia.
Además tendrían que utilizar también recursos de inteligencia política. Esto, para identificar qué actores han estado involucrados o han estado relacionados directamente con grupos criminales, o bien con grupos políticos y empresariales que buscan afianzar sus intereses, en aras de perseguir ciertas actividades delictivas que pueden ser lavado de dinero o extracción de recursos naturales.
En tercer lugar, me parece que también tendrían que revisar la la estrategia de coordinación con las autoridades de seguridad y justicia a nivel estatal y a nivel municipal, en el caso de seguridad pública. Hay que recordar que en el despliegue de la Guardia Nacional no está claro a que objetivos estratégicos responde. No está claro todavía cuál es la lógica estratégica detrás de ese despliegue. Más allá de mesas de coordinación en donde participan instituciones de toda índole, no hay mecanismos concretos de coordinación específicos para garantizar la seguridad a nivel estatal y municipal.
¿Qué mejoras deben hacerse al plan rumbo al proceso electoral de 2021?
Me parece que es una buena intención, es una buena idea, pero me parece que responde más a propaganda política que a una verdadera estrategia del gobierno federal. A una verdadera estrategia de seguridad ante un entorno y un contexto político electoral que es el que se avizora complejo. Existen muchas amenazas y riesgos, particularmente si es el entorno municipal, y con este tipo de propuestas por parte del gobierno federal, pues se reitera que no hay un diagnóstico atrás.
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No hay propuestas mucho más focalizadas y además destinadas realmente hacia la solución de problemas o por lo menos para mejorar condiciones a nivel municipal. La verdad es que convocar a organismos políticos locales, convocar a las estancias en el seguro de justicia estatales, pues no es nada nuevo en ese sentido. Entonces espero que se pueda desarrollar un mejor plan. Porque la verdad es que hoy hay muchas cosas en riesgo. En primera, las vidas de las personas y eso es quizá lo más importante. Y en segundo lugar, pues también el la posibilidad de que se erosionen las condiciones del Estado de derecho y de libertad y de seguridad en muchos municipios y regiones del país. Entonces, creo que ahí hay un riesgo mayor del cual vamos a ver la factura en los siguientes años.
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