Después de que la Fiscalía General de la República iniciara investigaciones contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano) y Adrián de la Garza (PRI-PRD), el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las acusaciones de que él está «metiendo las manos» en las elecciones en Nuevo León.
«Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude», respondió el presidente en la mañanera de este lunes. Acto seguido, volvió a poner la fotografía de una tarjeta que ofrece el candidato priísta, con la cual acusó que se estaría comprando el voto.
«Y lo voy a seguir diciendo», señaló el presidente. «Estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, de político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado, si yo fuese como los otros. Pero yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo siendo presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera», afirmó AMLO.
López Obrador destacó que no le preocupa alguna posible sanción por parte de las autoridades electorales, ya que considera que su libertad de expresión está por encima de la veda electoral. «Pues que ellos lo decidan. Yo creo que no, yo creo que es mi obligación denunciar el fraude, y de todos los ciudadanos, todos, todos, todos. Es un mal que aqueja a la nación, el del fraude electoral», concluyó.
3 preguntas con
Bernardino Esparza Martínez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad con especialidad en Derecho Constitucional.
¿Puede AMLO hablar sobre las elecciones en Nuevo León?
Que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abra carpetas de investigación es algo natural en campañas y procesos electorales, por las denuncias que se presentan. Una cosa es que se presenten y otra que también haya los elementos necesarios para poder consignar ante un juez penal. Uno de los artículos más citados es el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que es el que se refiere a aportaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Esto tiene que llevar un proceso para que el juez pueda determinar si, efectivamente, son recursos de procedencia ilícita.
Esa es la obligación que tiene la Fiscalía cuando recibe una denuncia: iniciar una carpeta investigación. Anteriormente el fiscal había dicho que durante este proceso habían recibido más o menos 600 denuncias y que 200 no tenían sustento. Yo les llamo denuncias “frivolas”, porque muchas veces se presentan por estrategia política.
El Presidente de la República, como bien sabemos, dentro del marco constitucional y legal, pues no tiene el argumento legal para inferir en cualquier parte del proceso electoral. Él decía “mi obligación es hacer denuncias”. Sí, pero para eso están los órganos correspondientes que tienen que iniciar este tipo de denuncias. Esa es la autoridad a la que le corresponde hacerlo.
De acuerdo a la Constitución, de acuerdo al marco legal, el Presidente de la República, no puede hacer opiniones inclusive de esta naturaleza. Él puede hacer opiniones de Protección Civil, temas de Educación y temas de Salud. Fuera de todo eso, tendrá que valorar el Instituto Nacional Electoral si le dictamina alguna medida cautelar o procedimiento, como ya anteriormente se ha dicho.
¿En qué consisten esas medidas cautelares y/o procedimientos?
De alguna manera, ese apercibimiento puede ser, en cierto aspecto, limitar en la libertad de expresión. Pero ese es el gran tema aquí.
El presidente entiendo que dice “tengo libertad de expresión, hay democracia” y eso es cierto. Sin embargo, también la ley está escrita actualmente para este tipo de límites. Toda la libertad de expresión y sobre todo en este caso, tienen ciertas manifestaciones de sus límites. Esta es una de ellas.
Puede haber algún apercibimiento más, pero el presidente también -a través de su consejería jurídica- puede impugnar esas medidas cautelares y llegar al Tribunal Electoral, porque son resoluciones del Instituto Nacional Electoral.
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El Tribunal Electoral tendrá que determinar cómo va a ser ese apercibimiento, por ejemplo, sesgar el horario de las mañanera. Pero eso ya entraría en el criterio del tribunal.
Es novedoso este tema. Anteriormente los ex presidentes acataban las reglas y se limitaban mucho. No recuerdo un caso similar. Quizás en alguna localidad, pero no tuvo este tipo de trascendencia. Recordemos que en este caso, es el Presidente de la República. La magnitud de la información viaja más rápido que con otros.
¿Qué precedente deja esta situación para futuros procesos electorales?
En principio dejará como precedente, porque incluso desde del Partido Morena se informó -a través de su coordinador de la bancada del Senado, Ricardo Monreal- que está iniciando y muy pronto vendrá una reforma electoral. Quizás, van a abrogar, que es eliminar del marco legal actual, este tipo de límites que tienen los propios funcionarios.
Yo creo que este antecedente quedará en una reforma electoral. Desde 1917 a la fecha, han existido 22 reformas políticos electorales. Esta sería la número 23 en nuestro país. Entre otras características, también se mencionan cambios en el aspecto del financiamiento de los partidos políticos.
