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Vuelven a la carga: FGR pedirá otra vez órdenes de aprehensión contra académicos

A los 31 ex funcionarios del Conacyt se les acusa de haber creado una empresa a la que destinaron recursos de la institución

Demanda científicos Conacyt

La Fiscalía General de la República (FGR) insistirá en que un juez gire la órdenes de aprehensión en contra de 31 ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

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Así lo dio a conocer la FGR esta noche luego de que un juez de distrito negara en definitiva acceder dicha solicitud, pues a su juicio no hay delito que perseguir porque otorgar recursos a una empresa privada no es ilegal. 

A los acusados se les imputaron delitos patrimoniales en contra del erario público, el caso cobró relevancia ya que la solicitud de aprehensión se filtró a medios de comunicación después de presentarse ante la autoridad judicial. 

¿Cuáles son los argumentos? 

La demanda en contra de los ex funcionarios del Conacyt la presentó la actual directora, María Elena Álvarez-Buylla, ya que se detectó que los acusados crearon una empresa a la cual autorizaron que se le entregaran recursos de esa institución. 

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Fue así como tuvieron recursos destinados para la investigación científica, aunque de acuerdo con la FGR el dinero se usó para comprar muebles, vehículos, inmuebles, realizar pagos de salarios y servicios directos.

Sin embargo, el juez afirmó que eso no es un hecho delictivo, pues el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt lo autoriza.  

“Ese criterio no es aceptable para FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Consejo, que son obligatorias para ellos.

“Y que consideran al Foro como un órgano interno de esa institución y no permiten que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes que son de jerarquía superior y obligatoria”. 

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Por lo que de nuevo solicitará las órdenes de aprehensión en las que se explicará “con toda claridad” lo que se considera un delito patrimonial en contra de los 31 académicos, así como las pruebas que se tienen. 

“El uso de filtraciones no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho. La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la federación, frente a delitos de carácter patrimonial”. 

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