México está plagado de casos como Tlatlaya: Amnistía Internacional

La organización defensora de los derechos humanos afirma que las ejecuciones extrajudiciales son la norma en el país, mientras que leyes contra la tortura y desaparición siguen atoradas

Por Publimetro

En México si una autoridad ejecuta a una persona goza de una impunidad casi absoluta, alerta Amnistía Internacional (AI) en el apartado sobre México de su Informe Anual 2015/16.

La organización defensora de los derechos humanos cita como ejemplo el caso de Tlatlaya, en el que las autoridades afirmaron que el Ejército mató a 22 presuntos miembros de una banda criminal durante un enfrentamiento armado, pero la ejecución ocurrió cuando ya no representaban una amenaza.

“Siete soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de juicio al concluir el año (2015). La Procuraduría General de la República (PGR) no investigó a ningún oficial del Ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando que no habían impedido ni detenido dichos delitos”, indica el informe.

México, junto a Brasil, Colombia  y Venezuela, suman uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial.

AI recriminó al Estado mexicano que por segundo año consecutivo, no se hicieron públicas las estadísticas sobre personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía y las fuerzas armadas, publica el diario Reforma.

El documento, dado a conocer a nivel mundial esta tarde, aborda también la tortura, las desapariciones forzadas, las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres y niñas, como prácticas generalizadas o endémicas en México.


¿Encubrir violencia para atraer inversiones?

Lo más preocupante, informó la organización, es que América enfrenta una “crisis de derechos humanos” cubierta por una “invisibilidad mediática y aparatos de publicidad” de los propios países.

La violencia vivida en la región es “desproporcional”, porque a pesar de que se da un “momento histórico” de democracia, es “preocupante” que Latinoamérica y el Caribe alberguen a 8 de los 10 países más violentos del mundo, dijo en entrevista con Efe la directora de AI para las Américas, Erika Guevara.

La “respuesta ineficiente de los propios Estados para proteger a la población” es invisibilizada por las propias instituciones, que en su ánimo de fomentar la atracción de inversiones extranjeras, ocultan las problemáticas del país.

Un “claro” ejemplo de ello, comenta Guevara, es México, donde “los números ya han sobrepasado la proporción de alarma”, con 27,000 desaparecidos, 200,000 personas que han perdido la vida en la guerra contra el crimen organizado y otros miles de desplazamientos forzosos para huir de la violencia.

Este país cuenta “con un aparato de publicidad que tiene el propio Estado para invisibilizar esta crisis, no solo negando la proporción, sino también respondiendo de manera muy negativa a las críticas” que mecanismos de Naciones Unidas o asociaciones civiles hacen a modo de alerta.
Agresiones de multinacionales

La asociación también percibe un aumento en los abusos de derechos humanos cometidos no solo por el crimen organizado, que aprovecha los vacíos de poder que las autoridades no cubren, sino también por parte de las multinacionales.

“Somos la región que tiene un mayor número de conflictos socioambientales, que particularmente están afectando a poblaciones indígenas y otras minorías étnicas”, ya que “las multinacionales se están apropiando de sus territorios y sus recursos naturales”, sostiene Guevara.

Además, en 2015 aumentó la violencia contra aquellas personas que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales, mientras “la respuesta del Estado ha sido de encubrimiento” a las multinacionales, “que en ocasiones utilizan grupos paramilitares o que están ajenos al Estado de derecho para perpetuar estos abusos”.

Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Jamaica y Chile fueron algunos de los países en los que se registró un “uso excesivo” de la fuerza por parte de la policía y otras corporaciones de seguridad.

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Con información de EFE y Reforma

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