Aparte de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en Veracruz, que es un estado con doble alerta de género y mucha violencia sexual, la resolución de la Suprema Corte puede crear un precedente y abrir la puerta para seguir luchando por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los demás estados de la república, afirmó Arussi Unda, fundadora del colectivo Brujas del Mar, de Veracruz.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el miércoles 29 de julio sobre el proyecto de sentencia 636/2019, presentado por el ministro de la primera sala, Juan Luis González Alcántara Carrancá. El proyecto hace una observación sobre las omisiones en las que incurrió la legislatura de Veracruz, las cuales consisten en no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el estado de Veracruz. Estos artículos con considerados discriminatorios contra las mujeres y niñas. Además, señala la falta de cumplimiento del artículo 1º y 4º constitucional, pues no se retoman los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
La violencia sexual, la tercera más experimentada por mujeres en Veracruz
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las causales para poder practicar un aborto en Veracruz son: por violación, alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, imprudencial o culposo, peligro de muerte e inseminación artificial no consentida. Ademas, de diciembre de 2012 a octubre de 2017, en Veracruz solo se registraron 4 abortos realizados por instituciones de salud, pero no existe información disponible sobre la autorización de los mismos.
Según el GIRE, en Veracruz no hay autorizaciones de aborto por violaciones reportadas por la Procuraduría de Justicia, a pesar de ser un estado con altos índices de violación, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De enero a junio de 2020 se presentaron 195 presuntos delitos de violación. Por otra parte, los datos del Instituto Veracruzano de las Mujeres en 2008 revelaron que la violencia sexual se consideraba la tercera más experimentada por mujeres y niñas.
Arussi Unda, fundadora del colectivo Brujas del Mar, de Veracruz, informó en una entrevista para La Cadera de Eva que, desde 2017, la Conavim y el Inmujeres presentaron el informe de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Veracruz, en el cual se pedía la Interrupción Legal del Embarazo y la eliminación del plazo de 90 días para abortar en caso de violación.
“La situación fue que el estado de Veracruz o hizo a un lado, y por eso fue que este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, porque un juez federal de Xalapa pidió un amparo, pues no se estaba tomado esta medida que se había solicitado desde los organismos que ven por los derechos de las mujeres”, dijo la activista.
Asimismo, la activista de Brujas del Mar aseguró que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito se ha visto obstaculizado en Veracruz, principalmente, por cuestiones culturales y religiosas.
“Aquí el reconocimiento de la vida desde la concepción está estipulado desde el gobierno de Javier Duarte, y también tenemos conocimiento de que Veracruz está en uno de los primeros cinco lugares con más presencia de grupos religiosos: ‘pro vidas’, como ellos se hacen llamar. Entonces, si ha sido una batalla dura. El que esto haya sobrepasado el Congreso del estado y esté en manos de la Suprema Corte es muy positivo”.
A pesar de que en Veracruz, bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, es posible acceder a un aborto seguro, este derecho se ve constantemente obstaculizado porque los médicos pueden negarse a practicar el aborto bajo la objeción de conciencia. Por ello, asegura Arussi, el aborto sigue dándose en la clandestinidad.
Oportunidad histórica para la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó el 20 de junio, a través de un comunicado, que la primera sala ejerció la facultad de atracción para conocer un asunto relacionado con la posible omisión legislativa del congreso de Veracruz al no haber modificado las normas que regulan el delito de aborto.
La problemática derivó del incumplimiento, por parte de la legislatura local, de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), que también desencadenaron la emisión de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
La primera sala de la Suprema Corte informó que “su análisis y revisión permitirá reflexionar sobre el entendimiento de las omisiones legislativas como actos susceptibles de ser reclamados en el juicio de amparo, pero ahora desde un enfoque de derechos humanos y específicamente con perspectiva de género, que busca garantizar a las mujeres el pleno goce y disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Además, el estudio puede abrir el análisis de las Declaratorias de Alerta de Género como herramientas para dirigir la conducta de las autoridades y generar obligaciones estatales específicas en materia de derechos humanos.
Al respecto, Nosotras Tenemos Otros Datos afirmó en un posicionamiento leído durante su conferencia semanal que, a pesar del logro importante que significa que la SCJN reconozca expresamente que la Carta Universal de Derechos Humanos y las convenciones para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres si obligan a todo el Estado mexicano, el proyecto de la primera sala “hace un análisis muy pobre sobre la figura jurídica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; afirma que no tiene fuerza vinculante en sus declaratorias”.
Por medio del mismo posicionamiento exigieron a las autoridades que se revise acorde al artículo primero constitucional, que afirma la fuerza vinculatoria y fuente de derecho de las Recomendaciones Generales de los órganos internacionales de derechos humanos y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Por su parte, Las Constituyentes CDMX, mediante un video difundido por sus redes sociales, afirmaron que “si esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apega al marco constitucional y a la observancia del cumplimiento de los tratado internacionales en la materia, será posible la justicia para las mujeres y las niñas en el estado de Veracruz, al contar con un Código Penal que contemple la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, ampliación de la causal como un supuesto interrupción legal del embarazo y la eliminación del plazo de los 90 días para la interrupción legal del embarazo por violación”.
De acuerdo a los dicho por los expertos del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo”.
Por ello la decisión de la SCJN puede crear un precedente para el aborto legal en todo el país. Arussi Unda dijo al respecto que “estamos muy optimistas porque al parecer, en el posicionamiento de los ministros y las ministras de la Suprema Corte, el tema de los derechos sexuales y reproductivos sí son encausados a un tema de salud pública y de derechos humanos”. Además, “crearía una ruta que pudiera ser retomada en otros estados de la república, podría facilitar mucho las cosas para otros estados que están en la misma situación”.
