“Te voy a ser sincero. Yo no tengo permiso para mi aserradero. Trate de sacarlo y poder ser legal, pero es costoso, tardado y no cumplimos los requisitos. ¿Y sabes qué? Lo hacemos clandestinamente, cortamos el árbol, lo traemos, lo trabajamos y lo vendemos», reconoce Alberto, un maderero con un pequeño taller de máquinas hechizas en el municipio de Hidalgo, al noroeste de Michoacán.
Junto a Jungapeo y Tuxpan, Hidalgo forma un área de 895 kilómetros cuadrados. Es una de las 122 zonas con procesos críticos de deforestación que ha marcado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la alta incidencia de tala clandestina relacionada con grupos del crimen organizado.
Alberto (los nombres han sido cambiados por seguridad) y los otros dueños de pequeños aserraderos cuentan, como si susurraran, que cada uno de ellos paga mil pesos al mes al «grupo delincuencial», más otros mil por cada vehículo que tengan. Que los ganaderos están empezando a pagar cinco pesos por cada kilo de res que venden.
Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, publicado por la agencia EFE, describe que en el municipio de Hidalgo opera el Cártel de Los Correa, liderado por Daniel Correa Velázquez ‘El Tigre’. Su familia comenzó controlando en estos bosques la tala clandestina y diversificó hacia la producción de marihuana y droga sintética, extorsiones y otros delitos. Mantienen una alianza con La Familia Michoacana y una guerra por el control de territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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¿Por qué les pagan?
La respuesta es igual en todos los casos:
— Nos protegen
— ¿De quién?
— De ellos mismos. O cooperas o te dan cuello. Y primero es la vida de uno. Es como cuando en la escuela el güey más fuerte te pedía que le invites una torta —apunta el agricultor Ricardo.
En México, las inspecciones a aserraderos han pasado de mil 164 en 2014 a 259 en 2020. Las clausuras de 119 a 27. Una caída paralela a la bajada del presupuesto de Profepa y Conafor.
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“Nuestra vida son los bosques. Yo hago cajas con pino, huacales. Compramos madera y las mandamos a otro estado. Si se nos acaba la madera, ¿qué vamos hacer? Aquí no se puede hacer nada más, no hay otros empleos. Yo no quiero tumbar mis montes, a nadie le gusta tirar árboles, pero si mi hijo necesita medicinas, pues los voy a tumbar”, finaliza Alberto.
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