Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia, acusó una confabulación y “trama perversa” por parte de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, y de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), para desprestigiarlo a través de una ofensiva que, señaló, operan “valiéndose de su poder y recursos públicos”.
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Por medio de una carta, publicada en la revista Proceso, el exconsejero Jurídico de Presidencia, señaló ha tenido que soportar, desde que era parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques de Sánchez Cordero y Gertz Manero.
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En tanto, en la misiva, Scherer Ibarra escribió que coincidiendo con la filosofía del presidente López Obrador, a pesar de ser hostigado, ha buscado terminar con las prácticas de funcionarios que no distinguen la línea del uso y el abuso del poder, ya que se dijo convencido de que el país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder ye en su nombre. Así lo expresó:
“Estoy convencido de que nuestro país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder y en nombre suyo. En esa certidumbre coincidí y coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador: terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder”.
En ese sentido, Scherer Ibarra aseguró que por medio de un modus operandi “extorsivo” que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga es perseguido.
¿Qué dijo Scherer sobre el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga?
Sobre el caso del desvío de más de dos mil millones de pesos, por medio de un esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas, Scherer Ibarra aseguró que fue implicado en dicha trama, a cambio de que la pareja obtuviera un criterio de oportunidad de la FGR.
En el texto, Scherer Ibarra señaló que por instrucciones del fiscal Gertz Manero, y a través de su mano derecha, el subprocurador Juan Ramos quien se reunió con Felipe Gómez Mont, hermano de Inés, y le ofrecieron un criterio de oportunidad a la pareja a cambio de Implicar al exconsejero Jurídico de AMLO.
Ello, porque aseguró que, como “en el caso Collado, familiares de la señora Gómez Mont también buscaron un criterio de oportunidad para terminar con la persecución que existe en contra de ella”.
El exfuncionario del gabinete de AMLO enfatizó que quienes han emprendido una campaña de desprestigio en su contra filtraron a un columnista información falsa, que señala que “recibí una casa en Acapulco de parte de una señora a la que jamás he visto y de su marido, con quien no he tenido nunca trato alguno”.
No obstante, el exconsejero Jurídico de la Presidencia señaló que no fue posible vincularlo con Gómez Mont y Álvarez Puga, ya que “la familia Gómez Mont se negó categóricamente a ser parte de esa infamia” y enfatizó en el escrito que “la integridad de los implicados no hizo posible obsequiar los deseos del fiscal y la exministra”.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue un proceso contra la pareja por el desvío de más de dos mil millones de pesos a través de empresas factureras y enfrentan cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FGR revela cómo operó la red criminal de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga. La investigación de la FGR inició desde noviembre de 2019 en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalló la Fiscalía.
“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
