Activistas, investigadoras y especialistas en el manejo de plástico acusaron a las grandes recicladoras mexicanas de actuar en contubernio con embotelladoras para simular iniciativas ambientales que les permitan seguir acumulando grandes sumas de dinero e impactar negativamente la naturaleza y la salud de todo ser vivo.
Además, recordaron puntos claves de la vida pública del Estado mexicano donde los poderes Legislativo y Judicial federales favorecieron al alto empresariado para fingir que se ayuda a la ecología a costillas de la salud humana.
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Quema masiva de plásticos, compra de basura a Estados Unidos (EE. UU.) y China, emisión de “leyes a modo”, no reconocer su responsabilidad ambiental y presuntos cabildeos son algunas de las acciones en las que incurrieron las máximas empresas dedicadas al reciclaje en México, mismas que, de acuerdo con las especialistas, no llegarán a buen puerto si lo que se busca es reducir la huella ecológica por plásticos de un solo uso.
Para evidenciar estos señalamientos, la Asociación Civil El Poder del Consumidor presentó este martes 29 de agosto la ponencia de “El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México”, donde participaron Ana Larrañaga, investigadora; Kennia Velázquez, periodista especializada; Larissa de Orbe, activista en Acción Ecológica A.C.; y Alejandra Reyes, investigadora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM.
Todas estas especialistas derrumbaron el gran mito del reciclaje como el mejor método para reducir la contaminación; en cambio, abrieron el debate y señalaron que el cambio en la cadena de suministro para producir menos materiales contaminantes es una mejor alternativa para mejorar el ambiente
Sin embargo, advirtieron, como esto toca los intereses económicos de las cúpulas empresariales, pues embotelladoras y recicladoras actúanos como un sólo ente para promover políticas que les favorezcan en el Poder Legislativo, así como recursos legales ante el Poder Judicial para defenderlas de quien opine diferente.
El contubernio con el Poder Legislativo
El 17 de noviembre de 2021, Raúl Bolaños, senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la Ley General de Economía Circular (LGEC) y un paquete de reformas para la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), donde destacó el valor ecológico y el rescate del que sería objeto el ambiente mexicano.
Asimismo, extendió sus agradecimientos a los senadores que le ayudaron a definir estos ordenamientos: Xóchitl Gálvez (PAN), Mónica Delgadillo (MC), Beatriz Paredes (PRI), Silvana Beltrones (PRI), Nancy de la Sierra (GPP), Ricardo Monreal (Morena) y Víctor Fuentes (PAN).
Sin embargo, tanto la LGEC como las modificaciones en la LGPGIR fueron criticadas y un par de senadoras señalaron, que si bien existe una intención buena en reducir la contaminación en México, en materia de residuos plásticos no se plantea un avance considerable, pues en dichos ordenamientos se plantean esquemas o definiciones que contaminan.
Primero fue el turno de María Merced González González, de Morena (participación de 2:11:56 a 2:18:01), quien refirió que ha sido testigo que una de las prácticas promovidas en la llamada “Economía Circular” es sumamente dañina, ello porque incentivan el coprocesamiento o termovalorización de los residuos plásticos, lo cual no es más que un eufemismo para quemar plástico.
La termovalorización lo que hace es quemar plástico para abastecer de suministro eléctrico a plantas procesadores, en este caso, la senadora de Morena acusó a una planta de la cementera Cemex. Y refirió que este proceso tiene consecuencias terribles para los habitantes de poblaciones aledañas a las plantas.
De acuerdo con lo expuesto, el exponerse a estos procesos incrementa en un 670% la posibilidad de contraer cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, daños cromosómicos, afectaciones al sistema nervioso central, anemia, hipertensión, padecimientos cardiovasculares, malformaciones en bebés y afectaciones renales, además de que daña el suelo y afecta la agricultura local.
Res pecho a la gestión de residuos plásticos, María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN (participación de 2:46:49 a 2:56:28), argumentó que este ordenamiento podría actuar en detrimento de leyes locales que han demostrado grandes avances en materia de combate a la contaminación por plástico pues la definición de “plásticos de un solo uso” es tan amplia que no compromete a ningún productor a tener acciones preparatorias.
La SCJN favorece a las empresas
Las investigadoras también recordaron cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, favorecieron el 17 de agosto de 2022 a un proveedor privado por encima de la determinación del Congreso local de Oaxaca, pues el legislativo local había tomado una determinación contundente contra las embotelladoras.
En consecuencia, una embotelladora promovió los amparos 230/2022 y 173/2022, los cuales exigían que sean las leyes federales (las mismas que expuso Raúl Bolaños en 2021) las que sean aplicables en esta materia. Finalmente, la SCJN falló en favor de la empresa al considerar que el estado de Oaxaca no tiene facultades para llevar su propia política ambiental.
Resultados de estas políticas “ambientales”
En materia de manejo de residuos plásticos, las investigadoras apuntaron, por ejemplo, que ahora existen en México 33 plantas dedicadas a la termovalorización en 19 estados de la república. Además, no existe una obligatoriedad de los empresarios por remediar la contaminación que generan.
Asimismo, el Estado no promueve leyes que incentiven la creación de planes de manejo de residuos, así como la no generación de este tipo de desechos. Un ejemplo de esto es lo que ocurre particularmente en Chiapas.
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Chiapas es el estado donde más agua embotellada se consume, esto es el resultado del poco abasto que tienen sus habitantes al agua potable; sin embargo, en ese mismo estado, la refresquera más grande del mundo tiene una planta de producción que usufructúa sus mantos acuíferos. Esto se traduce en un negocio redituable para el corporativo, con grandes ventas y sin responsabilidad ambiental.
Como si esto no fuera suficiente, México se convirtió en un “vertedero de basura”, pues las recicladoras instaladas en el país reciben desechos plásticos de Estados Unidos y China (más de 70 mil toneladas anuales), mismos que son procesados y regresados a los países de origen.
La alternativa al reciclaje
Aunque sí se contempla el reciclaje como una medida paliativa a la contaminación por desechos plásticos, las especialistas recomiendan que en la cadena de producción concerniente a la economía circular, se implementen medias que repiensen el modelo de transformación del petróleo en botellas plásticas y reducir la emisión de las mismas; así como incentivar el rechazo al uso de plásticos en el consumo, reparar el daño ambiental, recuperar físicamente las botellas, reusarlas y, finalmente, reciclar.
Y todas estas medidas deben de ser realizadas por las empresas que se vean beneficiadas de la venta de botellas y embalajes plásticos. A dicho modelo se le conoce como Responsabilidad extendida del productor (REP) y, aunque existe en México, su aplicación no es obligatoria. En otras palabras, el que contamina paga y debe de ser obligado a reparar el daño; sin embargo, el modelo actual extiende la responsabilidad al usuario.
