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Dos de las principales asociaciones empresariales mexicanas afirmaron que de concretarse la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador habría daños en distintas industrias, desabasto y encarecimiento de las tarifas.
López Obrador presentó el 30 de septiembre en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de tres artículos de la constitución que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle el manejo de 54% del mercado, tener un mayor control sobre las tarifas eléctricas y concentrar la explotación de litio en manos del Estado.
Ante esto, la Asociación Mexicana de Energía (AME), que agrupa a 17 empresas globales de generación eléctrica, advirtió el martes en un comunicado que las modificaciones pondrían “en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles” e incidirán en las inversiones del sector productivo en general “afectando la competitividad de la economía mexicana”.
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“Es labor del Poder Ejecutivo y de los Legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares”, agrega el escrito.
Desabasto y apagones
A las críticas se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que indicó que la iniciativa gubernamental “cierra la puerta a la competencia” y podría generar “desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”.
“La cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones”, dijo el lunes en un comunicado la Coparmex y agregó que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía a la CFE eliminará la competencia y aumentará las ineficiencias del mercado.
La confederación recordó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las autoridades mexicanas están obligadas a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.
Greenpeace, con dudas
La organización ambientalista Greenpeace de México alabó el martes la decisión del gobierno de devolverle a la nación la potestad de los recursos naturales, en particular el litio, pero sostuvo que sería un “grave error” y un “retroceso” en el camino a la democratización de la energía que se otorgue al Estado la exclusividad para la generación de electricidad.
“Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, dijo Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, en una declaración que se difundió en la página web de la organización.
Un largo camino
López Obrador salió el martes en defensa de su propuesta de reforma eléctrica y dijo que con la iniciativa se busca la conveniencia para todos.
“Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conservan estas dos empresas (la petrolera y la eléctrica) para garantizar para que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabé lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes”, sostuvo el gobernante.
Al proyecto de reforma le queda un largo camino por recorrer, puesto que López Obrador no cuenta en este momento con los votos suficientes en el Congreso y su partido deberá buscar alianzas con otras organizaciones para lograr la aprobación.
