La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respetar la actividad periodística y asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
Lo anterior porque los medios locales E-Consulta y El Popular, acusaran al gobernador de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Ante esto, la CNDH llamó a la autoridad estatales a salvaguardar la libertad de expresión.
Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatiza la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta, y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.
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“Esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión”.
— CNDH
La CNDH dijo que es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.
“Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía”.
— CNDH
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Esta petición también fue dirigida al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitarse a informar y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.