CIDH emite medidas cautelares para comunidades de Oaxaca; crisis de desplazados aumenta

El 23 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las medidas cautelares para las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonuyuji; así como para cinco personas desaparecidas en el municipio San Esteban Atatlahuca, en la región mixteca de Oaxaca.

La CIDH detalló que en el municipio de San Esteban Atatlahuca se vivieron actos de violencia en distintos momentos de 2021, desde los que se desconoce el paradero de Mayolo Quiroz Barrios (desde el 10 de octubre); Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño (desde el 23 de octubre); e Irma Galindo Barrios (desde el 27 de octubre).

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Asimismo, informó que los solicitantes reportaron que cerca de 300 personas de dichas comunidades fueron desplazadas debido a la quema de sus viviendas por presuntos grupos armados enviados por las autoridades municipales.

Cabe mencionar que, de acuerdo a fuentes oficiales y extraoficiales, los conflictos en la zona se deben a diferendos políticos y al hostigamiento de las autoridades en contra de quienes defienden los bosques de la tala clandestina.

De acuerdo con el comunicado de prensa que emitió la CIDH, el gobierno mexicano notificó que inició una mesa de diálogo con autoridades del gobierno de Alejandro Murat para generar condiciones de paz y seguridad. No obstante,

Por lo anterior, la CIDH instó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las familias desplazadas, especialmente los de los niños, niñas, mujeres y personas mayores; así como garantizar la seguridad al interior de las comunidades, prevenir el hostigamiento, amenazas e intimidaciones.

También exhortó a las autoridades mexicanas a determinar el paradero, o destino, de los desaparecidos con el fin de proteger su vida y su integridad personal.

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Oaxaca, un foco rojo de desplazados

Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional en desplazamiento forzado durante 2020, de acuerdo con el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuando se reportaron mil 328 personas desplazadas.

El informe detalla que la entidad que gobierna Alejandro Murat, está dentro de los tres estados (junto con Chiapas y Guerrero) que concentraron el 75% de las personas desplazadas durante 2020.

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Mientras que durante el último lustro, más de 6 mil personas se vieron forzadas a desplazarse debido a la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. Las cifras revelan que la crisis de desplazados en Oaxaca o supera las acciones gubernamentales, o pone en evidencia la inoperancia de las autoridades.

Además del caso de San Esteban Atatlahuca, otros municipios que presentaron episodios de desplazamiento forzado en los últimos años son San Mateo del Mar, Teotitlán de Flores Magón, San Juan Mazatlán, Santiago Textitlán y Santiago Juxtlahuaca.

Tan solo este 27 de diciembre, miembros de comunidad Triqui se manifestaron en la Ciudad de México, y bloquearon Eje Central a la altura de Avenida Juárez, en exigencia del apoyo que se les prometió y no han recibido, luego de que fueran desplazados de sus hogares en la localidad de Tierra Blanca por grupos paramilitares.

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