La Contraloría General de Sonora presentó en rueda de prensa un informe respecto a 172 auditorías que se están llevando a cabo en la entidad y cuyo objetivo principal de investigación es detectar irregularidades que se cometieron durante la pasada administración, encabezada por la priista Claudia Pavlovich.
Las auditorías, detalló el contralor de Sonora Guillermo Noriega, dieron inicio el 13 de septiembre del 2021, a la llegada de Alfonso Durazo al gobierno, y hasta ahora presentan un avance parcial, desglosando que de las 172, 17 son auditorías especiales, 13 de obras públicas y 142 son directas.
Una de las cuales presentan mayor avance es la auditoría especial a la Sidur, respecto al otorgamiento de permisos eventuales de transporte entre 2015 a 2021, donde informaron, fueron emitidos 9 mil 165 permisos en 14 expedientes, lo cual los llevó a abrir una solicitud de investigación que tiene un 100% de avance.
La Comisión de Vivienda del Estado es otra de las que presentan un avance considerable, con el 98% de la investigación concretada, con motivo de transmisiones de propiedades a título gratuito desde el 2015 hasta 2021, con lo que fueron entregados gratuitamente 410 inmuebles.
Otra de las instituciones que están siendo sometidas a investigación es la Secretaría de Gobierno, con un avance del 98 por ciento.
La auditoría data de una denuncia en medios de comunicación respecto a la entrega de patentes de notarías durante todo el sexenio. Señalaron que a partir de 32 patentes otorgadas han iniciado dos investigaciones.
Asimismo se está auditando a la televisora gubernamental, Telemax, respecto al ejercicio de su gasto y la deuda por 90 millones de pesos para la digitalización de la televisora.
Telemax fue uno de los emblemas de corrupción de la pasada administración por ser parte de las instituciones públicas que resultaron señaladas en el acto de corrupción multimillonario denominado como la “Estafa maestra”.
Guillermo Noriega compartió que la pasada administración no turnó la investigación de la televisora a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual podría incurrir en un delito penal.
También se está auditando a una de las instituciones que recibieron en quiebra tras concluir la pasada administración, el Isssteson, la cual el contralor detalló que se está revisando, por posibles desvíos por concepto de pensiones y jubilaciones, servicios subrrogados y adquisición de bienes y servicios.
