En medio de protestas de grupos feministas y provida en Guerrero este 4 de mayo, los legisladores locales decidieron aplazar la discusión sobre la despenalización del aborto en la entidad para el próximo 11 de mayo.
A pesar de que las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) contaban con los votos necesarios para aprobar las reformas al Código Penal, cedieron ante las presiones de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes señalaron una supuesta “ilegalidad” en la aprobación del dictamen.
Finalmente, y tras una sesión de cinco horas en el Congreso guerrerense, los legisladores aseguraron que se respetaría el proceso legislativo y se optó por posponer la segunda lectura del dictamen para su discusión y virtual aprobación o rechazo de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
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¿De qué se trata la iniciativa para la despenalización del aborto en Guerrero?
La iniciativa fue presentada en enero de 2022 por las diputadas locales de Morena, Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga. Contempla reforma, adición y derogación de diversos artículos del Código Penal del estado para la despenalización de la interrupción del embarazo.
Los artículos a reformarse son el 154, que contempla al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”; no obstante, se busca que se establezca como “la interrupción del embarazo”. En el 155, se prevé agregar el término “persona gestante” además de “mujer” y se establece una temporalidad de las 12 primeras semanas de gestación (tres meses de embarazo) para realizar la interrupción legal del embarazo.
El los artículos 156 y 157, los cuales abordan el tema del aborto sin consentimiento, se plantean penas que van de tres a ocho años de prisión y de seis a nueve años si hay violencia física o moral de por medio; penas que se aplicarán de manera indistinta, aún cuando el aborto sin consentimiento lo aplique un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante.
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La modificación para el artículo 158, que actualmente estipula una pena de tres años para quienes practiquen el aborto voluntario, se plantean sanciones solo en caso de que la interrupción del embarazo se realice transcurridas las 12 semanas de gestación, y las penas irían de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, con medidas educativas y de salud.
Finalmente, se proponen modificaciones al artículo 159, que eximen de responsabilidades a las abortos voluntarios y con consentimiento después de las 12 semanas, cuando estos sean consecuencia de una violación o una inseminación artificial no deseada. Asimismo, se excluyen responsabilidades cuando el embarazo se considera de riesgo para la persona gestante y cuando alguna autoridad le hubiese negado la interrupción del embarazo en el plazo permitido
¿Por qué es relevante en Guerrero?
El tema resulta controversial por la pujante exigencia de las mujeres guerrerenses a decidir sobre la interrupción del embarazo en un estado que lidera los casos de venta de niñas, matrimonio forzado y tiene la segunda tasa más alta a nivel nacional de embarazo adolescente. Y por la corriente provida de la entidad, encabezada por grupos religiosos que se resisten a la aprobación de la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2020 el 19.7% de los embarazos en Guerrero, corresponden a menores de 20 años, es decir de cada 100 embarazos registrados más de 19 son de niñas y adolescentes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la procreación prematura aumenta los riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos. Cada año se practican alrededor de 3 millones de abortos peligrosos a mujeres de entre 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a otros problemas de salud.
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¿Qué dice Evelyn Salgado?
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, fue cuestionada en Chilpancingo sobre el tema; sin embargo, evitó posicionarse al respecto y lo dejó en manos del Congreso local. La mandataria estatal aseguró que deben escucharse todas las posturas, tanto a favor como en contra, en la discusión, y refirió que espera que los diputados “representen el sentir del pueblo, de sus distritos y que tomen la mejor decisión”.
