Las oaxaqueñas enfrentan condiciones adversas para ejercer sus derechos políticos, pues según datos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y de la Secretaría de las Mujeres del estado, desde 2020 se han abierto 201 expedientes relacionados con casos de violencia política género, de los cuales el 77.61% se cometieron entre 2021 (94) y lo que va de 2022 (62), donde entre enero y octubre se contabilizan 49 juicios de esta índole.
Además de las problemáticas de género como las 696 muertes violentas de mujeres en la entidad que gobierna Alejandro Murat durante el año en curso –de las cuales solo se abrieron 32 carpetas de investigación por feminicidio–, las oaxaqueñas siguen siendo víctimas de la obstaculización del ejercicio de sus derechos político-electorales; así como el nulo reconocimiento, omisiones de las autoridades y violencia que limita su participación política.
No te pierdas: Ricardo Sheffield se disculpa por violencia política de género; alcaldesa de León la acepta
En la actualidad, a las oaxaqueñas se les niegan candidaturas; se les dispara; reciben golpes e insultos; así como distintos tipos de amenazas y acoso sexual para el impedimento del ejercicio de las funciones públicas. Uno de los casos más recientes es el de Essica Vázquez Rumualdo, la candidata a regidora oriunda de la comunidad de La Trinidad en el municipio de Santiago de Yaveo, quien fue encarcelada por ejercer su derecho político a votar y ser votada el pasado 8 de octubre.
Otros casos son los de la regidora de Obras Públicas de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Xitlalli García Silva, y la directora de Educación de dicha demarcación, Yuliana Venegas Ramírez, quienes denunciaron al edil, José Alberto Martínez Luna, por impedirles ejercer sus funciones e incurrir en tratos degradantes en mayo pasado.
Te puede interesar: Alcaldesa oaxaqueña denuncia haber sufrido discriminación y violencia de género
Asimismo, la violencia ejercida por la presidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, María de Jiménez Liera, en contra de dos regidoras de la demarcación, a quienes agredió verbalmente y le impidió el ejercicio de sus funciones y por el cual el TEEO declaró la existencia de violencia política en razón de género en octubre pasado.
Aunado a este panorama, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPEEO), mismas que aplazan la obligatoriedad de la paridad de género en los 417 ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas de manera indefinida, y que anteriormente se tenía prevista para 2023. Dichas modificaciones a la ley fueron considerados por organizaciones sociales como una violación contra los derechos políticos de las mujeres por parte del gobierno de Murat.
