El primer dispensario legal para la venta de marihuana de uso recreativo en Nueva York abrirá sus puertas el 29 de diciembre, una apertura muy esperada por una industria que podría convertirse en una de las más lucrativas de Estados Unidos.
La gobernadora Kathy Hochul anunció este miércoles que Housing Works, una organización sin fines de lucro controlada por una minoría en Manhattan que ayuda a la gente con VIH, será el primero de 36 dispensarios recientemente aprobados que empezará a vender cannabis al público en general, a pesar de que decenas de tiendas ilegales han estado operando durante varios meses.
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El anuncio fue realizado un mes después de que la Junta de Control de Cannabis del estado dio un paso monumental para establecer un mercado legal para la marihuana, luego de que emitió la primera ronda de licencias.
En los próximos meses, el estado tiene previsto emitir 139 licencias más, aunque hay unos 900 solicitantes que esperan tener noticias sobre su futuro.
“El sector seguirá creciendo a partir de ahora, creando oportunidades inclusivas en todas partes del estado de Nueva York, con ingresos destinados a nuestras escuelas y para revitalizar a las comunidades”, dijo Hochul en su anuncio.
Nueva York legalizó el uso recreativo de la marihuana en marzo de 2021
Housing Works, que también ayuda a indigentes y expresidiarios, fue una de ocho organizaciones sin fines de lucro que recibieron las primeras licencias.
“Esta oportunidad no sólo le dará a nuestro equipo recursos para ampliar nuestra misión general, sino que también incluirá e impulsará los productos que vienen de marcas producidas por la comunidad LGBTQ+, la comunidad BIPOC y de mujeres en todo el estado”, comentó Charles King, director general de Housing Works, utilizando la sigla BIPOC para referirse a la comunidad de personas de raza negra, indígenas y de color.
El estado reservó su primera ronda de licencias de venta para los solicitantes con condenas por posesión de marihuana o sus familiares, además de algunos grupos sin fines de lucro. También planea crear un fondo público-privado de 200 millones de dólares para ayudar a los solicitantes de “igualdad social”.
