El inicio de las actividades electorales rumbo a la presidencia de México en 2024 genera preocupaciones sobre la equidad en la contienda y el cumplimiento de la normatividad electoral, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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A pesar de que las actividades de precampaña deberían comenzar según lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las coaliciones adelantaron hasta cinco meses estas acciones, lo cual plantea interrogantes sobre la legalidad y el uso de recursos.
Los procesos internos de los partidos políticos, como Morena y el Frente Amplio por México (PRI, PAN, PRD), han sido considerados por algunos como actos anticipados de precampaña que podrían violar la LGIPE.
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que estos actos son parte de los procesos internos de los partidos, imponiendo restricciones y exigiendo el control de los recursos utilizados.
A pesar de que estas actividades se consideran “ordinarias” en lugar de actos anticipados de precampaña, los partidos políticos siguen estando obligados a transparentar sus gastos y llevar un registro detallado de los recursos utilizados.
El INE, por su parte, tiene la responsabilidad de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos.
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Al respecto, el IMCO analizó las leyes electorales en relación con el reporte y la fiscalización del gasto durante este periodo e identificó riesgos en términos de transparencia y equidad en la contienda electoral, entre ellos:
Interpretación y discrecionalidad en el reporte y gasto de recursos: Existe el riesgo de que se amplíen las diferencias entre los partidos políticos y se favorezca a aquellos con mayores recursos, lo que podría afectar la equidad y competitividad de las elecciones.
Incertidumbre en las resoluciones de las autoridades electorales: Las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE están sujetas a análisis por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de las actividades de los partidos.
Limitaciones en las reglas y fiscalización de los partidos políticos: Aunque existen reglas establecidas en las leyes electorales, los procesos internos de los partidos podrían actuar por encima de estas normativas y debilitar el papel del órgano electoral y la integridad de las elecciones.
Rezago en la publicación de gastos: Debido a los tiempos establecidos por la ley, el INE podría tener un rezago de casi un año en la verificación del origen y la aplicación del gasto, lo que limita la contabilidad de los recursos utilizados.
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Propuestas del IMCO garantizar la transparencia y la equidad
Cumplimiento de los criterios actuales para el reporte de gasto: Los partidos políticos deben cumplir con los requisitos de reporte de gasto establecidos, registrando el uso de recursos públicos durante las precampañas anticipadas. El INE debe solicitar a los partidos políticos que cumplan con el límite de 20 días posteriores a cualquier actividad ordinaria para el registro de gastos en el sistema contable establecido en la Ley General de Partidos Políticos.
Modificación de las prácticas de publicación del INE: Es necesario que el INE publique de manera más frecuente y en tiempo real los gastos del periodo ordinario en su página web. Esto permitirá una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana en el monitoreo de los recursos utilizados.
