En Xalapa, Veracruz, un incidente protagonizado por una trabajadora municipal ha desatado indignación y llamado a sanciones ejemplares.
Una mujer identificada únicamente como empleada de base adscrita al Archivo Municipal de Limpia Pública fue captada en presunto estado de ebriedad, bloqueando una de las principales calles del centro y lanzando amenazas contra oficiales de Tránsito.
El hecho ocurrió en la calle Hidalgo, casi esquina con Primo Verdad, donde la mujer atravesó su vehículo azul y bloqueó por completo la vialidad. Testigos aseguran que, durante la intervención de elementos de Tránsito del Estado, la mujer lanzó amenazas de muerte y, en una llamada telefónica, pidió que alguien acudiera a “abrir fuego” contra las oficinas de la dependencia.
Video viral muestra altercado
Las imágenes, difundidas en redes sociales por la cuenta “Qué Poca Madre” y otras, muestran a la mujer al interior del auto, usando lentes oscuros y en actitud confrontativa. En el video, se le escucha acusar a los oficiales de “abuso de poder”, aunque los presentes señalan que era ella quien estaba incurriendo en un comportamiento abusivo.
El material rápidamente se volvió viral y ha generado fuertes críticas, con exigencias para que se tomen acciones legales y administrativas.
Ayuntamiento confirma proceso administrativo
El Ayuntamiento de Xalapa confirmó que, a través de la Contraloría Municipal, se iniciará un procedimiento administrativo en contra de la trabajadora. Así lo informó el director de Asuntos Jurídicos, Alejandro de la Fuente Alonso, quien detalló que la mujer es empleada de base adscrita al Archivo Municipal.
Aunque las autoridades municipales han confirmado su relación laboral, no se han revelado su nombre ni mayores datos personales, lo que ha generado especulación y presión pública para que el caso se maneje con total transparencia.
Posibles consecuencias legales
Las amenazas proferidas, especialmente la incitación a “abrir fuego”, podrían configurar delitos graves como instigación a la violencia y amenazas, lo que implicaría sanciones penales adicionales a las administrativas.
Colectivos ciudadanos y usuarios en redes han señalado que este tipo de comportamientos dañan la imagen de las instituciones y deben recibir castigos ejemplares para evitar que la investidura de servidor público se utilice como escudo para abusos.