La Fiscalía General del Estado no encontró elementos para comprobar que en el Sistema DIF estatal existía una presunta venta de menores, afirmó Jonathan Ávalos Meléndez, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla.
En rueda de prensa, precisó que en agosto de 2019 se presentó una denuncia luego de que notas periodísticas retomaran la declaración que hizo el mandatario fallecido en agosto de 2019 sobre presuntas irregularidades en el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) estatal, pero, tras realizar las investigaciones, la Fiscalía no pudo corroborar dichos señalamientos.
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“La Fiscalía del Estado, después de llevar a cabo las indagatorias correspondientes en 2021, determinó que no había elementos para tipificar algún delito ni encontrado una cuestión que diera por cierto lo que decían las notas periodísticas y, por consecuencia, dictó no ejercicio de la acción penal”, declaró.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que los procesos de adopción del SEDIF se mantienen en el marco de la ley con respeto a los menores y añadió que su esposa, la presidenta del sistema, Gabriela Bonilla Parada, aunque no tenga voto en el Comité de adopciones está de forma permanente revisando que los procesos se hagan de forma correcta.
Fue el 23 de agosto de 2019 cuando el gobernador fallecido declaró en un evento del DIF estatal tenían documentados casos de venta de menores y que el área jurídica estaba recabando los elementos para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado contra exfuncionarios implicados.
“Tenemos documentados casos de venta de menores. Es terrible, y una vez que tengamos más elementos va a ser objeto de denuncias y eso se debe a la debilidad en el funcionamiento de las cosas y desde luego, a la corrupción”, declaró Miguel Barbosa.
Sin embargo, en entrevista posterior al evento evitó precisar de cuántos casos se trataban y conforme avanzó su administración tampoco se dieron a conocer detalles de las investigaciones.
