La organización Human Rights Watch y Amicus presentaron el informe “México: Obstáculos para las personas trans en el estado de Guanajuato” donde se documenta la discriminación y violencia en los ámbitos laboral y educativo, así como impedimentos legales.
Una de las razones de la violencia y discriminación contra personas trans es que en Guanajuato no hay reconocimiento legal de la identidad de género pese a que ya hay una iniciativa en el Congreso, señala el informe.
“Las personas trans en Guanajuato se encuentran en situación de desventaja en el ámbito laboral y educativo y sobrecargadas de procedimientos legales debido a la indebida demora de las autoridades estatales en reconocer el derecho a la identidad de género”, manifestó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de Human Rights Watch.
El informe tiene sustento con base en 31 entrevistas a personas trans del estado de Guanajuato en abril de 2022 en León, Irapuato y en la ciudad de Guanajuato.
“Diecinueve personas entrevistadas manifestaron que, en tanto sus documentos no coincidían con su identidad de género, fueron discriminadas o humilladas durante procesos de contratación o fueron víctimas de acoso laboral, en los casos en que “tuvieron suerte” de conseguir un trabajo. Seis dijeron que eligieron trabajar de manera no formal o independiente, o que no exploraron algunas oportunidades, para evitar enfrentarse a las dificultades relacionadas con la falta de documentos de identidad precisos en el mercado laboral formal”, es uno de los hallazgos del informe.
El informe también señala que en el ámbito educativo, 13 personas trans manifestaron que fueron humilladas debido a la discrepancia entre sus documentos y su identidad de género. Doce personas también tuvieron problemas para obtener sus títulos académicos con su género correcto.
La discriminación también se detectó en servicios de salud, según el informe, 15 personas trans indicaron que personal médico expuso su identidad de género frente a otros trabajadores o pacientes al llamarlos por su nombre legal, en vez del nombre elegido. Además, 11 personas optaron por atención médica privada a un costo elevado porque dijeron sufrir menos discriminación.
“En los 12 estados mexicanos que aún no cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, incluido Guanajuato, las personas trans deben agotar un arduo juicio de amparo para que el estado reconozca su identidad de género con arreglo a los fallos de la Suprema Corte y el derecho internacional”, se señala en el informe.
La organización de defensa de derechos de la comunidad LGBT, señaló que entre 2015 y 2020 han litigado cerca de 50 amparos en forma ad honorem ante la justicia federal de Guanajuato. Cada caso litigado genera un costo estimado de 9 mil pesos y su tramitación demora entre 3 y 14 meses.
Las recomendaciones al gobierno estatal
Cristian González Cabrera señaló que una de las recomendaciones a atender de forma urgente es que en Guanajuato se reconozca de forma legal la identidad de género.
“Nosotros vamos a comenzar a dialogar más directamente con el Congreso, específicamente con el partido PAN de México, ya que en todos los otros partidos en el Congreso en Guanajuato apoyan esta iniciativa (....) También vamos a dialogar con el gobierno, la Secretaria de Gobierno puede aprobar un decreto para que se cree un procedimiento administrativo para el reconocimiento legal del género”, señaló Cristian González Cabrera.
El investigador señaló que otra de las acciones que emprenderán es la comunicación directa con empresas internacionales en Guanajuato con la finalidad que conozcan a detalle la discriminación de las personas trans en el estado.
“También vamos a hablar con empresas en el estado, empresas internacionales que están invirtiendo en el estado de Guanajuato, pero no saben que las personas trans que contratan no tienen los mismos derechos que los otros empleados en esas empresas y yo creo que el sector privado puede tener un papel muy importante en hacer que el gobierno entienda el tema que afecta los intereses de las empresas en el estado”, dijo.
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