La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo pidió el gobierno del estado apoyar a las empresas constructoras locales para evitar más cierres y pérdidas de empleo.
Y es que, la industria de la construcción de Quintana Roo calculó pérdidas de 200 millones de pesos y el cierre de 90 empresas debido a la emergencia sanitaria.
Al respecto, Diego Cortés Arzola, presidente de la CMIC en la entidad, explicó que el 34% de las 280 empresas constructoras locales quebraron porque no tuvieron obras públicas por parte del gobierno local, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Secretaría de Obras Públicas (SEOP) e Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo).
“Teníamos afiliadas 280 al cierre del 2019 y ya no pudieron reactivarse alrededor de 90 empresas, esto se debe a la falta de inversión de obra pública y privada que se ha contraído, nosotros andamos alrededor de unos 120 a 200 millones de pérdidas, que es más o menos la inversión que se dejó de hacer», detalló el presidente de la CMIC.

Destacó que durante la pandemia no se licitaron las obras públicas programadas porque hubo recortes para hacer frente a la atención de la contingencia sanitaria por el COVID-19.
«Ahorita con el tema de las obras de CAPA y de Ifeqroo, se está buscando, es lo que hemos gestionado en los últimos meses, que se tome en cuenta a las empresas constructoras locales, sería un tanque de oxígeno para nosotros», resaltó el líder de la CMIC.
Los constructores locales prevén que con la reactivación de proyectos de obra pública para este año se pueda obtener las licitaciones para las empresas locales, y con esto generar los recursos que requieren para seguir en operaciones.
Ignorados
Este llamado al gobierno local se da porque a nivel federal ya han sido ignoradas las constructoras locales, pues aunque se anunció que el Tren Maya beneficiaría a las empresas de la construcción de la localidad, hasta la fecha, a pesar de que ya iniciaron los trabajados en la zona, esto no ha sido así, precisó Cortes Arzola.
Indicó que en lo que respecta al proyecto en el tramo cuatro, que tiene a su cargo el grupo ICA, las condiciones para participar son desventajosas para las empresas locales por la gran cantidad de requisitos que piden para poder participar.
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Además, las condiciones de pago donde exigen un financiamiento de hasta 60 días a las empresas de la construcción locales, hace que sea poco factible y sostenible su participación.

Respecto a las obras del Tren Maya, en el tramo cinco a cargo del ejército, la CMIC está a la espera de una respuesta para poder participar.
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