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Demandan al gobierno de Carlos Joaquín por daño patrimonial y moral

La ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana Roo fue presa de manera injusta por lo que demandó al estado

La ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana Roo (CAPA), Paula González, demando al gobierno del estado y al Poder Judicial por daño patrimonial y moral.

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Lo anterior porque estuvo presa por el delito de peculado, del cual fue exonerada por autoridades federales que descubrieron diversas irregularidades en este caso. 

De acuerdo con el abogado de la ex funcionaria, en el proceso legal se dieron irregularidades como la investigación y acusación arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada en contra de su clienta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De igual manera se realizó de manera ilegal la sentencia de primera instancia resuelta por Eduardo Del Valle García, quien integró el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, mismo que se caracterizó por su falta de competencia, imparcialidad e independencia.

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Ante estas violaciones por parte de las autoridades de justicia del estado, Paula Gonzalez y sus abogados recurrieron al Poder Judicial de la Federación, instancia que determinó que nunca se cometió el delito de peculado, y que los juzgadores de Quintana Roo emitieron criterios de carácter subjetivo sin fundarlos ni motivarlos.

Injusticia en Quintana Roo

Lo grave del caso es que la ex titular de la CAPA estuvo recluida en el Centro de Reinserción Social de Chetumal del 2 de enero al 24 de abril de 2018; además de estar más de ocho meses en prisión domiciliaría, situaciones que le generaron daños psicológicos y daño patrimonial, debido al gasto en abogados que realizó por un delito que no cometió.

Esta sería la primera demanda en contra del Poder Judicial de Quintana Roo y de la Fiscalía Anticorrupción, la cual fue creada por instrucción del gobernador Carlos Joaquín.

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Este órgano ha sido criticado, pues señalan que es un ente de venganza política del gobernador. Además ha tenido más errores que aciertos; y sólo ha fungido como una dependencia a modo que no investiga los actos de corrupción del actual gobierno.

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