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Combate a la corrupción de Carlos Joaquín cuesta mucho, pero con pocos resultados

Se han destinado casi mil 500 millones de pesos para el combate a la corrupción, pero ningún funcionario ha sido inhabilitado

El combate a la corrupción en Quintana Roo ha costado mucho dinero… pero no se han obtenido los resultados esperados.

Un estudio del Observatorio Legislativo de Quintana Roo señala que se han destinado casi mil 500 millones de pesos en el combate a la corrupción durante la presente administración.

No obstante, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que de los 877 casos de funcionarios que han cometido irregularidades durante el presente sexenio, ninguno ha sido inhabilitado; es decir, pueden seguir ocupando un cargo público y abusar de su poder.

En total, señala el Observatorio Legislativo, la Secretaría de la Contraloría ha obtenido 929 millones de presupuesto; el Tribunal de Justicia Administrativa ha alcanzado en estos años 162 millones; y el Comité de Participación Ciudadana, 44 millones. Además otras instancias también han recibido grandes presupuestos, lo que en total suma mil 429 millones.

A pesar de todo este monto destinado al combate a la corrupción, algunas organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres A.C., (ADECAM) en Quintana Roo, precisó que la corrupción se percibe como el segundo problema más importante en la entidad.

Otros datos

A pesar de estos números, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, declaró que la entidad se encuentra hoy en los primeros lugares en el ranking de transparencia en el país.

“Hemos transitado de una cultura de corrupción a una cultura de legalidad en donde las y los ciudadanos y las y los servidores públicos no sólo asuman la responsabilidad de aplicar y cumplir con la ley en todas sus actuaciones, sino también de prevenir, rechazar, denunciar y sancionar las conductas ilícitas”.

—  Carlos Joaquín

“Hoy la sociedad demanda gobiernos abiertos, abiertos al escrutinio, a la evaluación. Exige también gobiernos sensibles, cercanos a la gente, que brinden confianza y para lograr eso, es indispensable un cambio de actitud. Se requiere transitar de una cultura de cerrazón, a una cultura de legalidad, transparencia y honestidad”.

—  Carlos Joaquín
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