El aspirante presidencial, Ricardo Anaya se juega este lunes su libertad tras cuatro aplazamientos de su audiencia por el caso Odebrecht, del cual se le acusa por presuntamente recibir sobornos millonarios procedentes de la constructora brasileña para dar su voto a favor de la reforma energética.
Aunque la audiencia estaba programada para el pasado 31 de enero, el juez de control adscrito al Reclusorio Norte que la presidiría, Marco Antonio Fuerte, solicitó licencia médica después de enfermar de Covid-19, por lo que la cita con la justicia del ex legislador tuvo que posponerse para este 14 de febrero a las 9:00 horas.
Anaya Cortés está obligado a presentarse en el Reclusorio Norte, pues luego de conectarse en tres ocasiones vía remota, a través de videollamada, se le solicitó acudir al centro varonil.
En el último encuentro celebrado en el mes de noviembre, en el que junto a su defensa solicitó una prórroga para analizar la carpeta de investigación y las pruebas en su contra recopiladas por la Fiscalía General de la República (FGR), no pudo acreditar que se encontraba en territorio nacional, una de las condiciones previamente establecidas por el juez.
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En su momento, Fuerte Tapia aseguró que la Fiscalía tendría la aprobación a fin de “buscar los medios que fueran prudentes para garantizar su presencia en esta sala de audiencias”.
Por este motivo, y de acuerdo con información del reportero Arturo Angel, de Animal Político, la institución dirigida por Gertz Manero contempla, si acude, solicitar la prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga, de lo contrario, la FGR pedirá una orden de aprehensión en su contra.
El queretano está acusado por los mismos delitos que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la trama de corrupción tejida por la constructora Odebrecht en el país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
De acuerdo con la FGR, Ricardo Anaya habría recibido 6.8 millones de dólares, que le fueron entregados por un enviado de Lozoya previo a la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados.
En la comparecencia también se espera la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que podría intervenir para acreditar el riesgo de fuga de Anaya, según su información patrimonial, lo cual realizó en el proceso de Emilio Lozoya, quien cumple ahora con la prisión preventiva como medida cautelar.
