El Congreso de la Ciudad de México iniciará su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la II Legislatura con tres pendientes decisivos para el futuro de la capital: la ratificación de la actual titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, Ernestina Godoy; y la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Ratificación de Godoy
Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2023 se llevará a cabo el primer periodo del tercer año de la actual legislatura que todavía se encuentra a la espera de la elección de la Mesa Directiva para este periodo y que presidirá al recinto legislativo de Donceles hasta el 31 de agosto de 2024.
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Una vez que esto ocurra, los 66 diputados locales tendrán que decidir diversas cuestiones de interés para los capitalinos y su escena política.
La ratificación de Ernestina Godoy encendió los curules desde mayo pasado, cuando partidos de oposición encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN), acusaron a las modificaciones a los artículos 42 y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX que propuso el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Octavio Rivera, de favorecer la ratificación automática de Godoy.
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Dichas reformas fueron nombradas como “Ley Godoy”, mismas que fueron aprobadas el 9 de mayo sin presencia de la oposición y en fast-track por los legisladores de Morena y su aliados. Desde el gobierno central y desde el partido guinda se argumentó que las modificaciones solo simplificaron procesos administrativos que no beneficiarán a nadie.
Sin embargo, en agosto la titular de la FGJ confirmó a los legisladores capitalinos que buscará quedarse cuatro años más como fiscal de la CDMX. Para que esto ocurra, se requiere una mayoría calificada (al menos 44 votos) por lo que especialistas pronostican negociación y debate en Donceles.
PGD y PGOT
Tras diversas críticas y polémicas que involucran al PGD y del PGOT, el gobierno de la CDMX los envió al Congreso para su eventual aprobación.
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Ambos documentos han desatado críticas de organizaciones y pueblos originarios, quienes señalan que las autoridades no repusieron el proceso de consulta ciudadana e indígena; y que los mecanismos de planeación amenazan a bosques y áreas protegidas ante una inminente urbanización y uso de suelo a discrecionalidad de las alcaldías y de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Vivienda (Seduvi).
Estos documentos deberán dictaminarse y discutirse antes de diciembre de 2023, antes de que estos sean aprobados en sentido afirmativo por afirmativa ficta, pues los documentos fueron presentados tres años después del plazo en el que se supone tendrían que haber entrado en vigor.
