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Quedó a deber Quirino Ordaz en combate a la corrupción, acusa Iniciativa Sinaloa

Iniciativa Sinaloa señala que presentó tres denuncias administrativas por posibles actos de corrupción, mismas que permanecen congeladas

El gobernador Quirino Ordaz simuló el combate a la corrupción, pero quedó a deber, aseguró Marlene León Fontes, directora del colectivo Iniciativa Sinaloa.

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En entrevista con RioDoce, la activista aseguró que Iniciativa Sinaloa presentó tres denuncias administrativas por posibles delitos de corrupción ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado, pero en ningún caso se les notificó de avance alguno en las investigaciones.

Las denuncias, que se presentaron hace un año, son por peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y contratación indebida.

Entre los casos documentados que se presentaron ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está el relacionado con facturación de empresas ‘fantasma’; la adjudicación directa de contratos para los Servicios de Salud de Sinaloa; y otra por la operación con opacidad del programa de obras Precasin.

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Desinterés de Quirino Ordaz

La asociación consideró que reunieron documentos suficientes para afirmar que había faltas administrativas graves vinculadas a hechos o actos de corrupción; sin embargo, observaron que no hay interés de atenderlas por parte del gobierno de Quirino Ordaz.

“Creemos que es por falta de voluntad política. Nos quedaron a deber, ellos se pusieron la vara muy alta, que iban a combatir la corrupción. No se hizo el trabajo de atacar redes de corrupción, no se quiso atacar a los ‘peces gordos’, y las investigaciones que se hicieron quedaron en pactos de impunidad; fue una simulación en las sanciones”, lamentó.

Una de las investigaciones de Iniciativa Sinaloa detalla que durante los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz se habían contratado al menos 161 millones de pesos con empresas que el Sistema de Administración tributaria (SAT) tenía catalogadas como inexistentes.

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Además documentaron que en 2017 la administración estatal entregó adjudicaciones directas a empresas que no cumplía con todos los requisitos, entre otras irregularidades.

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