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Desde 2019, víctimas de secuestro, rapto y tráfico incrementan 23%

En el primer trienio del gobierno de AMLO, los afectados por delitos contra la libertad personal ascendieron a 74 mil 120, cifra superior a lo registrado con Peña Nieto

Las víctimas de delitos conta la libertad personal –secuestro, rapto, tráfico de menores y otros– incrementaron 23.5% en la primera mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con las registradas durante el último trienio de Enrique Peña Nieto, así lo revela información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con el priista –2016-2018– las personas afectadas por dichos ilícitos ascendieron a 60 mil seis, con el morenista –2019-2021– la cifra creció a 74 mil 120. Además, en la autollamada ‘Cuarta Transformación’ se observan los listados anuales más altos de la historia: 2019 con 25 mil 176 agraviados y 2021 con 25 mil 776.

El SESNSP reporta la clasificación ‘otros delitos que atentan contra la libertad personal’ entre los tipos de estas transgresiones, la cual engloba la mayor cantidad de las víctimas. En el periodo de Peña representa el 90.6% del total, en el de AMLO el 94.5%.

La categoría ‘otros delitos’ abre muchas dudas porque si no incluye ninguno de los secuestros ni los raptos ni el tráfico de menores, entonces qué crímenes la conforman, señaló en entrevista Daniela Osorio, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Generalmente, abundó la especialista, las fiscalías y los Ministerios Públicos utilizan este apartado para disminuir las estadísticas de los delitos de alto impacto, pues las autoridades son quienes determinan la catalogación de las denuncias interpuestas.

“Se tiene la hipótesis (en MUCD) de que usan esta categoría para hacer un subregistro de las carpetas iniciadas por ilícitos contra la libertad personal y de las víctimas, con el fin de que las entidades o los municipios no aparezcan con grandes registros de secuestro, el cual parece ser el único delito que les importa”, apuntó Daniela Osorio.

En la referida clasificación, según la definición del Secretariado Ejecutivo, se incluyen las acciones de intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la libertad; simulación (auto secuestro); desaparición forzada de personas cometidas por particulares; retención y sustracción de incapaces o cualquier otra que reúna los supuestos de conducta antes expuestos.

Cuando las autoridades no quieren reportar secuestros, un delito muy grave tanto para los agraviados como para sus familias, además escandaloso a nivel internacional, los ponen dentro de los ‘otros delitos que atentan contra la libertad personal’, acusó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.

La información recopilada por el SESNSP viene de las denuncias realizadas en las fiscalías locales. Ello, agregó Miranda de Wallace, es una ‘política pública’ utilizada por los gobernadores para ocultar la situación delictiva en sus entidades federativas.

“Otros delitos es donde se esconde, donde se tapa la situación que realmente se está viviendo en el tema del delito de secuestro. Hemos denunciado durante más de un año que no corresponden las cifras del Secretariado con la realidad”, aseveró.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el secuestro es el delito con mayor cifra negra: en el 98.6% de los casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

Números preocupantes

El alza en las víctimas de delitos contra la libertad personal es preocupante porque no solo afecta a los agraviados, sino también a todo su entorno; además, se habla de personas más allá de los números, subrayó la investigadora de MUCD.

Los distintos niveles de gobierno deberían inquietarse por garantizar los derechos de los ciudadanos a nivel municipal, estatal y nacional, indicó la especialista, porque ellos son los encargados de dar seguridad y paz en el país.

“No vamos a sentirnos seguros y no vamos a sentir que nuestra seguridad está siendo garantizada si dentro de nuestro entorno cercano, ya sea familia, amigos o incluso vecinos, conocemos que alguno de ellos fue víctima de secuestro o algún otro delito”, dijo Daniela Osorio.

Tanto en el citado periodo de Peña Nieto como en el de AMLO, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa y Estado de México fueron las entidades federativas con el mayor registro de víctimas por delitos contra la libertad personal.

Todas –a excepción de Nuevo León que tuvo una pequeña reducción de 1.2%– enlistaron un aumento de vulnerados en la gestión de Andrés Manuel López Obrador: Ciudad de México de 81.5%, Estado de México de 52.6%, Sinaloa de 17.7% e Hidalgo de 1.5%. De los 32 territorios nacionales, Colima (275.3%) y Aguascalientes (237.7%) son quienes sumaron el mayor incremento.

No hay una política pública, articulada y en funcionamiento, para inhibir la violencia; al contrario, cada día se exacerba más, sentenció la presidenta de Alto al Secuestro. Cuando la política pasa por el tema de justicia, advirtió, estamos mal.

“Ahora tenemos un problema grave. Hay más violencia, tenemos menos control en procuradurías, fiscalías y juzgados; entonces, la forma de que alguien sea detenido es prácticamente inexistente cuando comete un ilícito”, concluyó Isabel Miranda de Wallace.

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