La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que garantice la protección de los habitantes de las comunidades de Tula y Xicotlán, así como de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), quienes fueron atacados por el grupo criminal de “Los Ardillos”.
En el comunicado la CNDH insta a la gobernadora y a otras autoridades e instituciones de la entidad como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el comisario de la Guardia Nacional, a realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad de los habitantes de las comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez.
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“Esta Comisión Nacional tuvo conocimiento, mediante intervención de la organización “Abajo los Muros”, de que las agresiones contra dichas comunidades comenzaron desde la mañana del pasado viernes 10″
— Expone el documento
Lo hechos ocurrieron cuando el consejo CIPOG-EZ, autoridades del estado y del municipales, sostendrían una reunión con el objetivo garantizar la seguridad de los habitantes de La Montaña en Guerrero. No obstante, previo al encuentro, los habitantes de las comunidades fueron emboscados y agredidos con armas de fuego por el grupo criminal.
#CNDH emite #MedidasCautelares en favor de habitantes de las comunidades #Tula y #Xicotlán, e integrantes del CIPOG-EZ en #ChilapaDeÁlvarez, #Guerrero.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/yp1ZrOh7hr
— CNDH en México (@CNDH) December 12, 2021
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Entre las medidas recomendadas CNDH destacan:
- Instalar módulos de vigilancia en las comunidades mencionadas
- Garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas
- Coordinar una mesa de diálogo y concertación que permita los consensos necesarios para garantizar la paz en dichas comunidades
- Informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.
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Por otra parte, la instancia defensora de los derechos humanos solicita al encargado del despacho de la FGE, realizar, sin demora, las investigaciones de lo sucedido el 10 de diciembre y determinar el ejercicio de la acción penal.
Asimismo, pide a la FGE garantizar máxima protección a las personas lesionadas; otorgarles la calidad de víctimas; e informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.
Cabe señalar que las autoridades de Guerrero tienen un plazo de 30 días para implementar las medidas cautelares; sin embargo, estas podrán prolongarse durante el tiempo que se considere necesario.
Una realidad violenta
Guerrero no solo ocupa el noveno lugar nacional en homicidios dolosos, sino que sus cifras de desplazados por la violencia relacionada con grupos armados no son más alentadoras. Tan solo en 2020, el estado obtuvo las cifras más altas del país con 3 mil 952 personas desplazadas por este tipo de violencia.
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